La crisis de la obra social militar sumó este jueves un nuevo frente de conflicto. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ocupó la sede central de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), en la ciudad de Buenos Aires, para rechazar una reorganización que, según el sindicato, pone en riesgo alrededor de 600 empleos y compromete la continuidad de 13 hoteles y dos centros recreativos.
La medida de fuerza se desarrolló mientras el Gobierno intenta restablecer las prestaciones médicas para los afiliados y resolver las obligaciones que dejó el antiguo Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). La administración de la nueva entidad calcula que la deuda acumulada supera los $200.000 millones; ATE, en cambio, la ubica por encima de los $500.000 millones.
Los manifestantes se concentraron frente al edificio ubicado en la calle Paso 551 y luego ingresaron a las instalaciones. Llegaron al cuarto piso, donde funcionan las oficinas de las autoridades, y permanecieron allí mientras una delegación sindical mantenía una reunión con un integrante del directorio para presentar el reclamo.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, encabezó la protesta y anticipó que el gremio podría extender las medidas si no recibe definiciones sobre el personal y los establecimientos turísticos. El conflicto coincide con la salida del coronel mayor retirado Ariel Guzmán, responsable de la liquidación del IOSFA, tras una reunión con el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti.
"Hasta ahora, los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas han sido absolutamente razonables. Las medidas y los reclamos fueron progresivos, pero a partir de ahora las vamos a empezar a profundizar y no descartamos ocupar todas las dependencias del organismo", afirmó Rodolfo Aguiar en diálogo con Infobae.
La discusión se concentra en el destino de las actividades de turismo y recreación que hasta ahora formaban parte de la estructura de la obra social. El sistema incluye hoteles, residencias, cabañas y centros recreativos en distintas provincias. La nueva OSFA prevé concentrar sus recursos en la cobertura sanitaria y apartar de su organigrama esas prestaciones no médicas.
El sindicato sostuvo que la transferencia podría dejar sin empleo a unos 600 trabajadores. La preocupación se intensificó porque numerosos contratos vencen el 30 de septiembre, la fecha prevista para completar el traspaso administrativo de los establecimientos a las Fuerzas Armadas.
Aguiar explicó que los afectados tienen distintos vínculos laborales. Algunos integran la planta permanente del Estado nacional y otros cuentan con contratos temporarios cuya continuidad debe resolverse antes de que finalice el mes. Para el gremio, el riesgo de desvinculación alcanza especialmente a quienes no tienen estabilidad.
En Mar del Plata, ATE contabilizó 147 empleados en los establecimientos turísticos de la obra social. De ese total, 87 son contratados y el resto pertenece a la planta permanente. El sindicato considera que esa composición expone a una parte significativa de la dotación si los acuerdos no son renovados.
La hipótesis que plantea el gremio es que, si las actividades dejan de funcionar, los trabajadores temporarios podrían quedar desvinculados. Quienes pertenecen a la planta estable, en tanto, podrían ingresar en un régimen de disponibilidad, una posibilidad que también rechaza la organización sindical.
"No vamos a permitir que se eche a cientos de contratados y se ponga en disponibilidad a otros cientos de trabajadores que tienen estabilidad", planteó Aguiar en un comunicado difundido por ATE. La entidad anticipó que mantendrá asambleas para decidir los próximos pasos del plan de lucha.
La situación abarca principalmente predios y hoteles situados en Mar del Plata, Córdoba y Bariloche, aunque la nómina incluye otras dependencias recreativas. ATE afirma que el proceso puede derivar en el cierre de 13 hoteles y dos centros, además de afectar las delegaciones y otros servicios vinculados al antiguo sistema.
La conducción de OSFA cuestiona esa interpretación. Fuentes con acceso a la administración indicaron a Infobae que no existe una definición cerrada sobre despidos y que el sindicato presenta como resueltas situaciones que aún deben determinarse durante la transición administrativa.
Según esa posición, el personal involucrado tiene condiciones laborales diferentes. Hay militares en actividad que pueden ser reasignados, empleados de planta permanente estatal, contratados del antiguo IOSFA y prestadores que facturan como monotributistas. El destino de cada caso dependerá de las decisiones que adopten las fuerzas una vez que reciban los inmuebles.
La principal divergencia se ubica en el futuro de los hoteles. Para ATE, la transferencia puede encubrir un cierre y abrir la puerta a una eventual venta de propiedades. Las autoridades de la obra social sostienen que los bienes volverán a las Fuerzas Armadas que los habían aportado al sistema y niegan que exista un plan de enajenación.
La decisión del Ministerio de Defensa es que los establecimientos dejen de depender de la obra social y regresen a la órbita del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. El cambio apunta a separar el turismo y la recreación de la estructura que deberá administrar exclusivamente la atención sanitaria de los afiliados.
Los establecimientos continuarán por ahora bajo la administración residual del antiguo IOSFA. A partir del 1 de octubre, las respectivas fuerzas deberán establecer cómo seguirán operando, qué prestaciones mantendrán y bajo qué régimen quedará el personal vinculado con cada predio.
Desde la conducción de la obra social sostienen que los hoteles registran un déficit cercano a $2.000 millones anuales. El diagnóstico oficial es que ese gasto debe quedar fuera de los recursos destinados a consultas, internaciones, medicamentos y otros servicios médicos.
ATE rebate esa evaluación y asegura que los establecimientos pueden financiarse con los ingresos de su actividad. También objeta el traspaso porque entiende que debilita las garantías sobre su continuidad y perjudica a los trabajadores que cumplen funciones en esos lugares.
La nueva estructura de OSFA, según explicaron fuentes del organismo, concentrará su presupuesto y su gestión en los afiliados de las tres Fuerzas Armadas. La transferencia de los activos turísticos forma parte de la redefinición de funciones que se ejecuta en paralelo con la liquidación del instituto anterior.
La disputa por los hoteles ocurre mientras persiste la crisis financiera de la obra social militar. El pasivo acumulado por el IOSFA figura entre los principales obstáculos para recuperar el funcionamiento regular del sistema y recomponer los convenios con clínicas, sanatorios, droguerías y otros prestadores.
La administración de OSFA reconoce obligaciones por más de $ 200.000 millones. El sindicato eleva el cálculo por encima de $ 500.000 millones. Esa diferencia forma parte de la discusión política y gremial, aunque ambas partes coinciden en que las deudas afectaron la capacidad de pago de la entidad.
El deterioro tuvo efectos directos sobre militares, retirados y familiares que dependen de la cobertura. En distintas provincias se registraron interrupciones o restricciones en la atención, a partir de las deudas con prestadores privados y de las dificultades para sostener los acuerdos vigentes.
El impacto resulta especialmente sensible fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde muchos afiliados acceden a consultas, estudios, tratamientos e internaciones a través de convenios con centros privados. La recuperación de esos servicios es una de las prioridades que declara la nueva administración.
Fuentes de OSFA señalaron que el Ministerio de Defensa trabaja en una salida integral para las obligaciones pendientes y aspira a regularizarlas antes de fin de año. El plan contempla mecanismos estatales para afrontar las deudas del antiguo IOSFA, mientras la nueva obra social arma un presupuesto propio y un esquema de gastos que considera sostenible.
La estrategia parte de un diagnóstico oficial: el organismo anterior acumuló un desequilibrio estructural que terminó por afectar el pago en tiempo y forma a sus prestadores. La administración actual busca que las cuentas heredadas no se trasladen de manera automática a la entidad que asumió la cobertura de las Fuerzas Armadas.
En ese marco, la reducción de actividades ajenas a la atención médica forma parte de la reorganización. Las autoridades plantean que los recursos disponibles deben priorizar las prestaciones sanitarias, una definición que explica el apartamiento de hoteles, centros recreativos y otros servicios de la estructura principal.
La revisión también alcanzó a las 33 farmacias propias de la obra social. Desde el organismo admiten que se analizan modificaciones debido a sus resultados deficitarios, aunque aclaran que todavía no adoptaron una determinación final sobre la continuidad del servicio.
ATE afirma que el Gobierno prepara el cierre de las farmacias y su reemplazo por establecimientos privados. La organización sindical sostiene, además, que el ajuste de funciones puede extenderse a delegaciones de distintas provincias y reducir aún más la presencia territorial de la obra social.
La conducción de OSFA no confirmó ese escenario. Sí reconoció que el funcionamiento de la red está en análisis dentro de la revisión general de costos y servicios. La definición dependerá de las evaluaciones administrativas que se completen durante la transición.
Aguiar responsabilizó a las gestiones del organismo durante el gobierno de Javier Milei por el deterioro de las cuentas. También apuntó contra el exministro de Defensa Luis Petri y sostuvo que la entidad había comenzado la actual administración nacional con un saldo positivo.
"Están reventando a una de las mejores y más grandes obras sociales del país. La agarraron con superávit y hoy la conducen directo a la quiebra", sostuvo el dirigente. Según su planteo, el organismo contaba con un superávit de $ 25.000 millones al inicio de la gestión actual.
La crisis se desarrolla en medio de una reorganización dispuesta por el Gobierno a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 88/2026. La norma separó la cobertura médica de las Fuerzas Armadas de la correspondiente a las fuerzas federales de seguridad, que hasta entonces estaban reunidas bajo el IOSFA.
El antiguo instituto atendía al personal del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina. La modificación creó dos entidades: la Obra Social de las Fuerzas Armadas bajo la jurisdicción de Defensa y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), que depende del Ministerio de Seguridad Nacional.
La estructura anterior reunía cerca de 550.000 beneficiarios. Unos 330.000 corresponden a integrantes de las Fuerzas Armadas y sus familias; el resto forma parte del universo de las fuerzas federales. La nueva OSFA asumió la atención de militares, mientras que la entidad de Gendarmería y Prefectura siguió un modelo distinto mediante un convenio con la empresa de medicina privada Medicus.
La separación implicó repartir recursos, personal, bienes y tareas administrativas. Al mismo tiempo, el IOSFA quedó en liquidación con el objetivo de ordenar las obligaciones pendientes y completar el traspaso de los activos que aún figuran bajo su administración.
El Ministerio de Defensa sostiene que el nuevo esquema debe permitir una administración con presupuesto específico y reglas diferentes de las que regían en la entidad anterior. El objetivo declarado es sostener las prestaciones médicas con los recursos disponibles sin replicar los desequilibrios financieros que acumuló el organismo liquidado.
La liquidación del IOSFA resulta central en ese proceso. La gestión residual debe resolver deudas, transferir bienes y definir la situación de actividades que ya no integrarán la estructura sanitaria. Los hoteles y el personal asociado quedaron en el centro de ese capítulo.
La complejidad de la transición quedó expuesta con la salida del coronel mayor retirado Ariel Guzmán, quien administraba la liquidación. De acuerdo con lo informado por Infobae, el ministro Carlos Presti lo recibió el miércoles para analizar el avance de la reorganización.
Presti manifestó su disconformidad con las demoras y reclamó acelerar las medidas administrativas necesarias para sanear el sistema. El encuentro terminó con la desvinculación de Guzmán de la conducción residual del organismo, mientras continúan las gestiones para resolver el pasivo y restablecer convenios médicos.
Desde el organismo indicaron que las tareas administrativas siguen cubiertas y que la definición sobre el reemplazante se conocerá en los próximos días. El Ministerio considera que completar la liquidación es una condición para que la nueva obra social concentre su gestión en la cobertura sanitaria.
Sin embargo, el proceso debe resolver antes el destino de los establecimientos turísticos y de los trabajadores que dejarán de depender de la estructura de salud. Esos dos puntos, atravesados por el vencimiento de contratos y la transferencia prevista para el 30 de septiembre, fueron los que dispararon la ocupación sindical.
La conducción de OSFA enfrenta así una semana de definiciones. Deberá avanzar con el traspaso de los hoteles, responder a los planteos de ATE y sostener la negociación con los prestadores médicos, en un sistema que atiende a aproximadamente 330.000 afiliados de las Fuerzas Armadas.
