La causa por el geriátrico clandestino de barrio Nuevo Horizonte, en la ciudad de Santa Fe, que salió a la luz tras un incendio intencional, sumó ahora un nuevo capítulo judicial. A las imputaciones por abandono de persona y a las denuncias de maltrato, aislamiento y presuntas maniobras con el cobro de haberes se agregó un pedido para apartar a fiscales e investigar si también existió una posible apropiación de viviendas.

El abogado Martín Risso Patrón, que representa a una de las familias denunciantes, sostuvo que antes de que el caso se conociera públicamente ya existían presentaciones judiciales sobre lo que ocurría en el lugar. Según su planteo, esas denuncias fueron fragmentadas en distintas líneas de investigación, cuando en realidad deberían analizarse en conjunto. Para la querella, no solo debe investigarse el presunto abandono y las restricciones sufridas por los adultos mayores, sino también si existieron maniobras para quedarse con dinero, viviendas u otros bienes de las víctimas.

El expediente cobró visibilidad pública a fines de julio, cuando un incendio intencional en el inmueble de calle José Gollán al 10.100 puso al descubierto el funcionamiento de un geriátrico clandestino en el norte de Santa Fe. Una de las personas residentes admitió haber provocado el fuego "para llamar la atención" porque, según su testimonio, "no los alimentaban hacía cuatro días".

A partir de esa intervención, las autoridades encontraron a siete adultos mayores, quienes se encontraban en condiciones de hacinamiento, carencias extremas y se abrió una causa por presunto abandono de persona. Según las denuncias, cada residente abonaba 300.000 pesos por mes, dinero que era retirado de las tarjetas de cobro de los jubilados por los encargados del lugar.

La dueña del geriátrico es la principal acusada, quien permanece detenida con prisión preventiva e imputada por siete hechos de abandono de persona, uno por cada residente hallado en el lugar. La mujer se entregó ante la Justicia después de haber permanecido casi una semana prófuga. Un cuidador también quedó bajo investigación, aunque luego recuperó la libertad con medidas alternativas.

El nuevo planteo de la querella se apoya en denuncias que, según el abogado, habían sido presentadas entre abril y mayo, antes del incendio. Risso Patrón sostuvo que una de esas presentaciones fue recibida por el fiscal Manuel Cecchini y Roberto Olcese y fue dividida entre líneas de pesquisa por estafas y por abandono de personas.

Esa objeción abrió otro eje, vinculado con la actuación del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Para la querella, ese examen debe apartar a quienes intervinieron en el trámite original, al menos hasta que se aclare qué medidas se adoptaron frente a las primeras advertencias y por qué las denuncias no derivaron en una actuación conjunta.

El abogado también relató que se cruzó con un hombre que usaba andador y que le aseguró que le habían quitado su casa y que había permanecido oculto dentro del lugar durante un largo tiempo, sin que su familia supiera dónde estaba. A partir de ese testimonio, la querella pidió que se determine quién es el propietario del inmueble donde funcionó la residencia, qué vínculo tiene con las personas investigadas y quién cobra actualmente el alquiler. También afirmó que pedirá explicaciones formales sobre el recorrido de las denuncias previas y la decisión de separarlas.

Los siete adultos mayores que se encontraban en el geriátrico, quedaron alojados en la Casa Beata Clara, donde reciben atención integral. El funcionario Sebastián Mastropaolo, sostuvo que la situación era de emergencia y explicó que el municipio no había podido auditar antes el domicilio donde funcionaba el establecimiento porque no existía pedido de habilitación y el lugar figuraba, en los hechos, como una vivienda particular.

Mientras la causa penal avanza, el planteo de la querella intenta ampliar la investigación hacia un esquema más integral. La discusión alcanza el eventual abandono, la posible privación de la libertad, las denuncias por estafas y la sospecha sobre viviendas u otros bienes de personas mayores. También apunta a establecer qué información había llegado a la Justicia previo al incendio y si existían elementos suficientes para intervenir.